Uno de los puntos álgidos a ser discutidos en la Convención Constitucional será la definición del rol del Estado en la prestación de los denominados “derechos sociales”, debido a la expectativa que existe en algunos sectores respecto al impacto que ello puede llegar a tener en su correcta materialización, señala una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo, la que se pregunta si ¿Sólo con un estado más grande se alcanzan mejores prestaciones sociales para todos, en especial para los más desfavorecidos?

Respondiendo a la pregunta, la publicación afirma que, si nos basamos en los hechos, la respuesta es que no. Basta con analizar las diferentes prestaciones sociales que hoy se entregan en diversos ámbitos para concluir que el Estado no es el mejor prestador y que darle más espacio no necesariamente conlleva mejores soluciones a los problemas sociales. Esto pasa en educación, en que los colegios públicos exhiben en promedio índices de calidad y preferencia inferiores a los particulares subvencionados por el Estado, incluso recibiendo en promedio más recursos públicos por alumno.

Enseguida, la publicación se refiere al derecho a la educación vs libertad de enseñanza, como una falsa disyuntiva, y observa que tal como ha sido la tónica hasta ahora, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza se presentarán como ideas contrapuestas. No obstante, éstas en realidad son dos caras de una misma moneda, que sin ser iguales se necesitan una de la otra para la satisfacción armoniosa de todos los intereses que confluyen en el ámbito educativo.

El argumento para incluir el derecho a la educación en la Constitución es la importancia que ésta tiene para el desarrollo de las facultades de la persona humana, lo que justifica que sea exigible al Estado para generar igualdad de oportunidades para todos. No obstante, puntualiza, el que el Estado deba cumplir con dicha garantía no exige que sea éste el que deba simultáneamente proveer el servicio de forma exclusiva. Al contrario, en una sociedad plural, al ser las familias las primeras responsables de cuidar a sus hijos, éstas deben poder elegir autónomamente el proyecto que más les represente para educarlos. Para ser educado y para que los padres puedan ejercer su derecho a educar a sus hijos en concordancia con sus valores y preferencias, es necesario que otros tengan el derecho de abrir, organizar y mantener escuelas que ofrezcan dichas alternativas, señala la publicación, recalcando que esto es precisamente a lo que apunta la libertad de enseñanza.

Enseguida, la publicación aboga por no retroceder en el reconocimiento de los derechos actualmente reconocidos en la materia y, sobre todo, en las libertades de las personas, desde que se han hecho propuestas en las que se quiere establecer una primacía de la educación pública por sobre la privada para terminar con el principio de subsidiariedad del Estado en materia educacional y limitar la libertad de enseñanza.

Advierte que los primeros grandes afectados serían entonces los colegios particulares que hoy reciben subvención del Estado y de la mano, la mayoría de las familias chilenas que hoy prefieren estos proyectos educativos, pues dejarían de recibir ayuda para financiar la educación en los colegios de su elección, debiendo aceptar la educación pública monopolizada por el Estado o bien, si pueden costearlo, cubrir todos los gastos de la educación de sus hijos en colegios particulares pagados.

También se debiera reforzar el derecho de los padres a educar a sus hijos, estableciendo a nivel constitucional su derecho a decidir sobre la entrega de ciertos contenidos, constituyéndose así en verdaderos partícipes de su educación. En este sentido, debiera consagrarse expresamente el derecho de los padres a que sus hijos reciban educación valórica o religiosa de acuerdo a sus convicciones, como también, que no se pueda impedir la cooperación financiera de las familias en la educación de sus hijos sin perder la ayuda estatal, como es en la actualidad. Estos derechos, de todas maneras, no sólo deben referirse a los padres, sino también de quienes tengan el cuidado personal de los niños y adolescentes conforme a la ley.

Junto a lo anterior, la actual prohibición de propagar tendencias político-partidistas debería recaer no sólo respecto de los establecimientos, sino sobre todo para los profesores, que son quienes tienen el mayor potencial de influir en sus estudiantes. De la mano, debería eliminarse la inamovilidad docente, estableciéndose que esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, resguardando la igualdad de trato entre los establecimientos públicos y privados, como sucede hoy con las empresas del Estado.

Además, se debería establecer a nivel constitucional el deber del Estado de fomentar la calidad de la educación y la investigación. Asimismo, la formación ciudadana y cívica, pues sin ciudadanos con valores cívicos firmes es imposible el buen funcionamiento de la democracia y de sus canales representativos para llegar a acuerdos, tal como se ha podido apreciar en nuestro país en los últimos años.

Por último, la determinación de las prestaciones que se podrán exigir en virtud de estos derechos y su financiamiento, debería corresponder exclusivamente al legislador, dando el suficiente espacio a las mayorías para establecer las políticas educativas que estimen más apropiadas acorde a la evolución de cada época, con los límites indispensables para asegurar el contenido de los derechos.

De este modo, concluye la publicación, será posible avanzar en la libertad de las personas y al mismo tiempo reforzar el derecho a la educación. En ese sentido, un Estado garante no significa que deba necesariamente ser un Estado prestador; es necesaria la prestación directa por parte del Estado como una de las tantas ofertas educativas, especialmente en aquellos lugares en los que no hay otras opciones que permitan satisfacer el derecho a la educación. Pero asegurar significa poner todos los medios tendientes a alcanzar la satisfacción del derecho y esto se puede lograr de mejor manera apoyando también a la oferta privada y reforzando la libertad de enseñanza, que es un derecho fundamental que se complementa con el derecho a la educación.

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